La caída de las ventas de vehículos, 42% en julio y 45% en Agosto (en turismos), sólo en Gipuzkoa, con la correspondiente caída de recaudación tributaria y perjuicio consecuente para el erario público, una vez finalizadas las ayudas del Plan 2000E, pone de nuevo sobre la mesa el debate de si estas ayudas debieran haber sido prorrogadas o no. Es indudable que el incremento del IVA, el final de la ayuda del Plan y el adelanto en la decisión de compra de numerosos adquirentes han contribuido a ello. El consumidor debe tener también claro que las ayudas, hasta donde yo sé, NO VAN A SER NI AMPLIADAS NI PRORROGADAS. Pero desconozco el motivo y, además, no lo entiendo.
Algunas voces, con cierto desconocimiento, en mi humilde opinión, argumentan que no se puede seguir apoyando a un sector a costa del erario público con la crisis que padecemos y que afecta no sólo a este sector sino al ciudadano en general, jubilados, pensionistas, funcionarios, etc. No hay más que darse una vuelta por foros en Internet y revisar las hemerotecas para ver hasta qué punto este argumento ha calado en la opinión de muchas personas. La argumentación sería correcta si fuera cierta, pero, como espero demostrar en las líneas que siguen, esto no es así. Es más, por cada euro que la Administración ha puesto para la adquisición de un vehículo HA RECUPERADO entre tres y cuatro euros. Es decir, el Plan 2000E no ha generado déficit para las arcas públicas, sino un claro y evidente SUPERÁVIT.
Hay pues en la argumentación contraria a la prórroga del Plan un error de concepto que debemos refutar. Las ayudas a la venta de vehículos son RENTABLES en sí mismas para las arcas de la Administración. Es decir, ésta, ha recaudado mucho más de lo que ha puesto (invertido) para ayudar a la adquisición de vehículos. Y este es un hecho irrefutable que podemos contrastar con datos. Pero no lo decimos sólo en las asociaciones del sector, que también, sino que lo dicen los propios técnicos de la Agencia Tributaria, cuya asociación GESTHA, que los engloba, considera que “los ingresos fiscales que genera son muy superiores a las ayudas presupuestadas para el plan de incentivos” lo que fue publicado en la prensa y está al alcance de quien lo quiera ver, hasta el punto de que esta asociación formada por técnicos de Hacienda considera que el Estado pudo recaudar 1.016,73 millones de euros entre IVA (747,6 millones) e Impuesto de Matriculación (191,93 millones), a los que se suman, en el Estado, los 77,2 millones de euros que por el IRPF tuvieron que abonar los beneficiarios de dichas ayudas en sus declaraciones de renta. Las ayudas totales dotadas por el Estado han sido de 240 millones de Euros y las de las Comunidades Autónomas (si se hubieran sumado todas a las mismas, lo que no ha sido el caso) hubieran supuesto otros 120 millones de euros. Es decir, las Administraciones ponen 360 millones de euros y recauda, sólo el Estado, 1.016,73 millones, a lo que habría que añadir lo recaudado por las CC.AA. y lo ahorrado en prestaciones por desempleo, cifra que ronda otros 300 millones de euros. Esto significa que las arcas públicas han recaudado entre lo ingresado de más y lo gastado de menos, casi CUATRO veces lo que han puesto, lo que significa una RENTABILIDAD mínima del 366% para las arcas públicas, que alcanza un 400% si sumamos los beneficios generados a las CC.AA.
También hay quien argumenta, con razón,- ya lo he expuesto al inicio de este artículo -, que han existido adelantos en decisiones de compra. Esto es totalmente cierto, pero, insisto, ¿no será mejor que se siga produciendo un cierto adelanto en la decisión de compra en esta época de crisis prolongada, y que cuando se salga de la misma el mercado asuma el coste de ese adelanto? Porque lo lógico es que, cuando se salga de la crisis,- lo que implica una generación de confianza, responsabilidad del Gobierno de la nación, que, por lo visto hasta ahora, parece incapaz de ofrecer, cuando aumente la productividad y se eliminen las rigideces estructurales del sistema laboral, abordando con SERIEDAD la reforma del mercado de trabajo y del sistema de pensiones, cuando salarios, productividad y resultados vayan de la mano, para evitar, entre otras cosas los salarios y empleos basura, adoptando las medidas legales oportunas pero dotando, al mismo tiempo, de flexibilidad al mercado laboral para que, con todas las reformas imprescindibles pueda disminuir el desempleo -, volvamos a tener un incremento del consumo que, por sí mismo, equilibre las decisiones de adelanto de compra. Evidentemente, esto implica adoptar AHORA, YA, decisiones socio-laborales y económicas que son o pueden ser políticamente impopulares, sobre todo para quienes aún tenemos un empleo, que, sin embargo, por dolorosas que sean, son totalmente necesarias si queremos ser solidarios con quien no tiene trabajo o cobra salarios o pensiones de miseria y con las generaciones futuras y tener en cuenta también que cualquier decisión que la administración adopta (o deja de adoptar) afecta a personas y a empresas en términos de creación o destrucción de empleo. Esta digresión es importante porque contiene los elementos que, bajo mi punto de vista, harán, junto con un esfuerzo inversor en formación, innovación, desarrollo e investigación muy superiores a los actuales, unido al aprovechamiento del talento, experiencia y sabiduría de las personas “mayores”, que podamos salir de verdad y reforzados de cara al futuro de esta crisis y se produzca, pues, el aumento del consumo y de la actividad económica y, por ende, el aumento del empleo. Y para que todo ello sea permanente y no volátil, estructural y no coyuntural. Para quien aún tenga dudas, estoy hablando de VALORES y cierro el paréntesis de esta reflexión.
Volviendo al Plan 2000E, a pesar de su horrorosa gestión, que volvió locos a empresarios y consumidores, hay que insistir en que ha sido BENEFICIOSO para la administración en su conjunto y para la sociedad. Por eso, como ya he expuesto, la administración no ha gastado sino que ha invertido y ha invertido muy bien, puesto que la inversión ha sido RENTABLE. ¿Por qué, entonces, eliminar el Plan? Con estos datos en la mano lo que ha hecho el sector de Automoción ha sido AYUDAR a paliar el déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas, generando un BENEFICIO superior a los 1.000 millones de euros, por lo que la retirada del Plan 2000E, por las razones que sean, constituye, en mi opinión, una grave y equivocada decisión.
En definitiva, el Plan 2000E debiera haber sido prorrogado por el beneficio social generado. Y quienes tienen la responsabilidad política de gestionar el dinero público deberían explicarnos a los ciudadanos, con datos y claridad, con luz y taquígrafos, por qué si un plan de ayuda genera BENEFICIO y SUPERÁVIT por cada vehículo vendido para el erario público, superávit con el que se pueden abordar determinadas políticas de ayuda, por humildes que sean, a empresas, familias y personas concretas, con nombre y apellidos, NECESITADAS AHORA de ese apoyo (dejemos el futuro en paz, que ya veremos cuándo y cómo viene), dicho plan se elimina. Me encantaría que alguien lo explicara.
Juan Mª LÓPEZ OSA
SECRETARIO GENERAL DE AEGA
ECONOMISTA
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