Es imprescindible que el Gobierno y las CC.AA. reflexionen serenamente sobre el continuo despropósito que están suponiendo estas ayudas que, en el caso de los turismos han supuesto, finalmente un claro impulso, lo que ya veníamos diciendo algunos con la absoluta seguridad que nos daban los datos de otros países, la inoportunidad de la eliminación, en su momento del Plan Prever, el fiasco del plan VIVE y, finalmente, el galimatías, único en un país teóricamente perteneciente al grupo de países más desarrollados, en que se ha convertido el plan 2000E. Si hablamos del Plan MotoE, en el preciso momento en que le escribo esta carta, aún no se conoce qué entidad gestionará las ayudas y ni tan siquiera sabemos si el País Vasco se adherirá o no a estas ayudas.
El Gobierno y las CC.AA. parecen ir cada uno a lo suyo, pensando más en los intereses políticos inmediatos que en un ejercicio de responsabilidad económica y social y en la búsqueda del bien común. Las ayudas se anuncian primero y luego se implementan, cuando lo lógico sería hacer justamente lo contrario, es decir, implementar las ayudas, preparar adecuadamente todos los circuitos administrativos y, posteriormente, anunciarlas y ponerlas en marcha de inmediato con todos los mecanismos bien engrasados para evitar la inseguridad jurídica creada, la paralización del mercado en momentos determinados y las dificultades administrativas y de tesorería por los anticipos de dinero que las empresas han tenido que afrontar. Hoy mismo me comentaban en un concesionario que una señorita del “call center” de FITSA había remitido a dicho concesionario al Ayuntamiento para conseguir un Certificado de la Seguridad Social. Esto es sólo una anécdota más, pero, sinceramente, no es propio de un país serio ni de unos gobernantes mínimamente preparados. Esto es más propio, si se me permite la expresión, de una república bananera, no de un país europeo como España.
El Gobierno y las CC.AA. parecen ir cada uno a lo suyo, pensando más en los intereses políticos inmediatos que en un ejercicio de responsabilidad económica y social y en la búsqueda del bien común. Las ayudas se anuncian primero y luego se implementan, cuando lo lógico sería hacer justamente lo contrario, es decir, implementar las ayudas, preparar adecuadamente todos los circuitos administrativos y, posteriormente, anunciarlas y ponerlas en marcha de inmediato con todos los mecanismos bien engrasados para evitar la inseguridad jurídica creada, la paralización del mercado en momentos determinados y las dificultades administrativas y de tesorería por los anticipos de dinero que las empresas han tenido que afrontar. Hoy mismo me comentaban en un concesionario que una señorita del “call center” de FITSA había remitido a dicho concesionario al Ayuntamiento para conseguir un Certificado de la Seguridad Social. Esto es sólo una anécdota más, pero, sinceramente, no es propio de un país serio ni de unos gobernantes mínimamente preparados. Esto es más propio, si se me permite la expresión, de una república bananera, no de un país europeo como España.
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